La NSA tenía derecho a acceder y almacenar esta información, sin necesidad de orden judicial, gracias a una ley que se aprobó en 2008. Así lo establecía el artículo 702 (también llamado "Sección 702") de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), la cual establece cómo debe Estados Unidos recopilar documentos física y electrónicamente sobre blancos no estadounidenses en su radar de vigilancia que supongan una amenaza para la seguridad nacional. Esta ley abarcaba temas muy diversos, desde terrorismo internacional hasta ciberseguridad. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) llevaba tiempo presionando a la NSA e instando a grandes firmas tecnológicas a que se unier Además, el Congreso de EE.UU. tiene en su agenda revisar este año la ley FISA, que fue adaptada tras los atentados de 2001 y cuya renovación está prevista para finales de este año. También fue cuestionada por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos (FISC, por sus siglas en inglés), el cual supervisa solicitudes de vigilancia contra presuntos agentes de inteligencia extranjera dentro del país. La NSA fue muy criticada por utilizar la FISA para recoger mensajes, textos y material enviado por estadounidenses sin necesidad de pedir permiso a un tribunal. A partir de ahora, la NSA dijo que eliminará "la gran mayoría" de los datos almacenados a través de este programa de espionaje. Pero la institución ha defendido las libertades que le otorga la FISA diciendo que ésta le ayudó a reunir información "crítica". Julián Sánchez, experto en ciberseguridad del Instituto Cato, en Washington DC, EE.UU., le contó a la agencia de noticias Reuters que el amplio alcance de espionaje que permite la FISA convirtió a esta ley en un blanco fundamental de los activistas de los derechos humanos.
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