En los últimos días, la justicia argentina ha dispuesto medidas de protección de fuentes de prueba digital e incluso procedimientos de investigaciones que deberán realizarse en ellas, en casos muy publicitados de corrupción pública.
La noticia no parece, ni es, intrascendente. Luego de semanas de apariciones de arrepentidos mediáticos de dudosa (o no tan dudosa) fama y de recorridos de funcionarios judiciales a pie por el desértico Sur del país, al fin se está poniendo énfasis en una investigación que apunte a datos concretos.
De realizarse un estudio serio y científico de la data disponible, de preservarse de un modo forense la prueba de los ilícitos publicitados, será posible comprobarlos. No es poco, pero mientras tanto, en la prensa la arena donde mayormente se juega el drama, no es la justicia. Y la prensa no sanciona a los culpables.